Noticias de America - Costa Rica legaliza el matrimonio igualitario

El papa León XIV recibe este jueves al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, apenas semanas después de las duras críticas al pontífice por parte del presidente Donald Trump. Esta visita a Roma y el Vaticano se lee como un intento de descongelar las frías relaciones entre la administración Trump y el sumo pontífice. León XIV fue elegido papa hace justo un año, y en lo que lleva de pontificado se ha caracterizado por el choque frontal con el Gobierno de Donald Trump. El pontífice estadounidense dijo que la amenaza de Trump de destruir Irán era inaceptable, Trump respondió que no era fan de León XIV y lo calificó de débil y terrible. Marco Rubio es católico así que la visita puede tender puentes, analiza Manuel Camilo González Vides, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá: “Los interlocutores son muy cercanos. Marco Rubio es católico y esto permitiría un acercamiento mucho más próximo, mucho más cálido, después del conflicto que se ha tenido”. “Obviamente creo que la parte difícil de la conversación puede ser hasta qué punto el Vaticano puede alinearse con las políticas de Washington. Creo que eso puede ser una línea roja que seguramente tendrán que superar ambas partes para restablecer la relación”, prosigue el especialista. ¿Posturas irreconciliables? Las posturas parecen irreconciliables también en otros puntos, puesto que el papa ha sido muy crítico con las políticas migratorias del presidente: “Creo que hay dos situaciones que están muy hiladas: una es la propia experiencia personal del papa antes de ser papa, y es que ciertamente el cardenal Prevost en ese entonces tuvo mucho contacto con comunidades indígenas, que han sufrido marginalización y violencia, y que por obvias razones se han visto obligadas a migrar. Eso lo acerca mucho a la experiencia del migrante y del acompañamiento de la Iglesia católica en este tema, que es un tema muy espinoso. Creo que se mantienen esas líneas de oposición a las políticas muy autoritarias en términos de migración que ha colocado el presidente Donald Trump”, explica asimismo el profesor de Relaciones Internacionales. Marco Rubio pidió también verse con Giorgia Meloni, aunque a Trump no le gustó que la primera ministra italiana saliera en defensa del papa tras sus ataques. “Marco Rubio va a jugar un poco a decir ‘bueno, nosotros ya hemos desistido de aniquilar toda una civilización’, como dijo Trump, pero buscará tratar el entendimiento de que efectivamente lo que sucede en el estrecho de Ormuz es un asunto global, que tiene implicaciones globales, y seguramente será la línea que tratará de enfocar hacia el Papa León XIV, no tanto como líder espiritual, sino como jefe de Estado”, concluye González Vides.

Cientos de manifestantes llegaron a La Paz a comienzos de la semana para exigir al gobierno la anulación de una ley que consideran lesiva para sus territorios ancestrales. La nueva normativa sería contraria a la Constitución y benéfica para los grandes propietarios, según el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Orlando Ceballos Acuña, y el investigador Juan Pablo Chumacero. Transportistas paralizaron la víspera el servicio público en varias ciudades de Bolivia y bloquearon carreteras, en una protesta por la escasez y la mala calidad de los combustibles. El lunes, además, después de 28 días de marcha y más de 1.000 kilómetros recorridos, manifestantes —en su gran mayoría indígenas amazónicos— llegaron a La Paz para exigir al presidente Rodrigo Paz la anulación de la Ley de Tierras. La normativa, según denuncian, afecta sus territorios ancestrales, favorece a los grandes propietarios y abre la puerta a la expansión y la concentración de la tierra. "Es una ley inconstitucional porque colisiona frontalmente con el principio de inembargabilidad establecido en la Constitución. Esto es inaudito. Si analizamos la situación en Bolivia, el gobierno es tan débil que no puede plantearse un proceso de reforma parcial de la Constitución. Si bien el Gobierno es, digamos, la expresión de la clase dominante, no tiene la suficiente legitimidad para encarar un proceso de reforma parcial. Por lo tanto, lo que ha hecho es emprender un proceso para sobrepasar los límites de la Constitución a través de una ley". Juan Pablo Chumacero, investigador en temas agrarios y director de la Fundación Tierra, advierte que los campesinos no son los verdaderos beneficiarios de esta ley. "Durante el proceso de saneamiento, una cantidad de grandes propietarios utilizó el proceso de regularización de derechos propietarios implementado en el país para subdividir sus propiedades y, de este modo, camuflarse como pequeños propietarios. Al hacerlo, han evitado una serie de pagos que debían realizar como grandes propietarios: el costo del saneamiento, las tasas, el pago de impuestos, etc. Lo que están haciendo ahora es intentar blanquear y transparentar esta situación, pero de una manera que los libera de los compromisos y obligaciones que tienen como grandes propietarios. Estamos hablando de parcelas de 200 o 300 hectáreas en las que se cultiva soya y cuyos terrenos pueden costar medio millón de dólares. Aun así, los grandes propietarios pretenden que no se verifique la función económico-social en estas propiedades. Esto es, claramente, una cuestión de desigualdad, inequidad e injusticia en la cuestión agraria", concluye. Esta protesta campesina se suma a otras contra la gestión económica del Gobierno. Obreros, maestros y mineros anunciaron un próximo paro indefinido a nivel nacional, mientras que los transportistas bloquearon este martes las rutas de Santa Cruz, en el oriente del país.

Perú volverá a contar con un Congreso bicameral tras más de tres décadas de sistema unicameral. La reforma, aprobada por el Parlamento en 2024, busca fortalecer el equilibrio de poderes y mejorar la representación política en un país marcado por una fuerte inestabilidad institucional. En los últimos 10 años, Perú ha tenido nueve presidentes, seis de ellos con mandatos interrumpidos. En las polémicas elecciones del pasado 12 de abril, cuyo conteo de votos aún continúa y en las que todavía no se sabe con certeza quién pasará al balotaje junto a la candidata Keiko Fujimori, los peruanos también eligieron a los diputados y senadores que integrarán el nuevo Congreso. Santiago Bedoya, analista político del Centro Wiñaq, nos explica el impacto que podría tener este nuevo sistema legislativo: “Con la creación o el regreso, en todo caso, al sistema con un Senado como Cámara Alta, lo que se garantiza es establecer algunos checks y balances al sistema. Claro, todavía existe la posibilidad de esta famosa figura de la vacancia presidencial, la forma en la que se ha logrado remover del cargo a diversos presidentes desde 2016. Sin embargo, ahora, para que se dé este proceso, no solamente tiene que pasar por una cámara: luego de pasar por la Cámara de Diputados, tiene que ser presentada ante el Senado de la República y es el Senado que tiene que tomar el voto final al respecto, con un umbral de votos mucho más alto. Y viendo los resultados de este proceso electoral celebrado el 12 de abril, no pinta a que ni la derecha parlamentaria ni la izquierda parlamentaria pudiese llevar a cabo una medida de tal envergadura”. “Ciclo de inestabilidad” Sin embargo, existen dudas sobre las razones por las cuales los congresistas han impulsado el retorno al sistema bicameral. Álvaro Carbajal, politólogo y docente de la Universidad Católica del Perú, considera que “en el caso de que gane Keiko, es más posible que exista mayor estabilidad debido a su fuerza parlamentaria, sobre todo en el Senado. Si gana Sánchez, me temo que este ciclo de inestabilidad continuará, debido a que no cuenta con una mayoría o ni siquiera con una minoría suficiente que le permita sobrevivir a una institución en ninguna cámara, ni siquiera aliándose con bancadas ideológicamente afines como Ahora Nación. Por otro lado, bancadas como Buen Gobierno y OBRAS permanecen una incógnita, por lo cual no se sabe exactamente el destino que tomarán una vez en el Congreso, debido a la variopinta composición de las bancadas”. Los nuevos senadores tendrán un papel decisivo en los procesos de vacancia presidencial: una moción iniciada por la Cámara de Diputados solo prosperaría si obtiene mayorías calificadas en ambas cámaras. Además, el Senado tendrá la potestad de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los directores del Banco Central y a otras altas autoridades.

El próximo viernes 8 de mayo, Laura Fernández asumirá la presidencia de Costa Rica. El evento contará con un fuerte despliegue de seguridad que ya genera críticas. Organizaciones de derechos humanos advierten que las estrictas medidas podrían vulnerar el derecho a la libre manifestación. "Mi nombre es Mia Fink, yo soy activista y estudiante de derecho de la Universidad de Costa Rica". La joven de 19 años interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de su país, en contra del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) por considerar que las recientes declaraciones del Jefe de operaciones de este Ministerio, Freddy Guillén, sobre el traspaso de poderes del 8 de mayo, atentan contra el derecho a la reunión, asociación y manifestación. A continuación un extracto de las declaraciones (del MSP) en rueda de prensa del 27 de abril: "Vamos a tener grupos que van a estar atentos a contener cualquier situación de disturbios que se puedan presentar, pero a la vez, a través de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (del Ministerio de Seguridad) tenemos distribuidos desde el centro de San José, y otros puntos, oficiales de civil que van a estar identificando e individualizando grupos que se quieran organizar y desplazarse al Estadio Nacional para ser intervenidos de previo.’’ Mia Fink reacciona: "Qué van a buscar desplegar fuerzas policiales directamente para intervenir a quienes se manifiesten o para identificar a quienes se intenten manifestar. Imagínese lo peligroso que es ésto. Entonces el recurso no es para que no haya seguridad. El recurso es justamente para tutelar el derecho a la manifestación, para que las personas puedan manifestarse y para que las fuerzas policiales que hayan, sean exclusivamente para temas de seguridad y no para intervenir manifestaciones pacíficas". Al menos 800 oficiales vigilarán la toma de posesión de Laura Fernández prevista en el Estadio Nacional. Entre ellos habrá agentes encubiertos en un perímetro de seguridad superior a un kilómetro. Mia Fink: "Claramente siempre ha existido seguridad en el traspaso; no es un tema de seguridad lo que estamos intentando quitar. Es un tema de que Costa Rica está en un retroceso democrático muy grande, lo advierte el Estado de la Nación. Vimos cómo Costa Rica pasó del puesto 8 al puesto 38 en el ranking de Reporteros Sin Fronteras del 2022 al 2026, en tan solo cuatro años de gobierno de Rodrigo Chaves; perdimos 30 puestos en libertad de prensa". Laura Fernández fue ministra de la Presidencia y ministra de Planificación durante el mandato de Rodrigo Chaves. La nueva presidenta ha dicho que le ofrecerá a su predecesor un cargo en su Gobierno. Anunciará su gabinete el próximo martes 5 de mayo.

Este 1° de mayo entra en vigor el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, tras más de dos décadas de negociación. En Uruguay el pacto abre expectativas en sectores clave como la carne, el arroz y los lácteos. Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica (Montevideo) analizó para RFI los beneficios potenciales y los desafíos que plantea este acuerdo histórico para ese país. El acuerdo UE‑Mercosur eliminará o reducirá gradualmente los aranceles para la gran mayoría de los productos de ambos bloques: el 95% de los bienes del Mercosur y el 91% de la Unión Europea, en un plazo de entre 12 y 15 años. El sector automotriz queda fuera de este cronograma y tendrá un período de desgravación de hasta 30 años. En el caso específico de Uruguay, Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, señala que las exportaciones al bloque europeo están concentradas “en pocos productos, entre otros, la pasta de celulosa”, lo que explica que las oportunidades se focalicen en sectores muy concretos. “Uruguay tiene beneficios concretos en la carne, que es donde más paga aranceles para ingresar a la Unión Europea. También va a tener beneficios en el arroz, la miel, los productos de madera, los lácteos —en este último hay beneficios y competencias—, en los cítricos y en muchos otros alimentos procesados”, explicó el especialista. Los beneficios no se limitan a las exportaciones. Según Bartesaghi, también hay impactos del lado de las importaciones. “Para algunas de ellas van a bajar los aranceles, lo que permite que el consumidor se vea beneficiado. Y, por supuesto, no hay que descartar el potencial que estos acuerdos tienen en aspectos más dinámicos del comercio internacional, como la posibilidad de captar inversiones o de mejorar el entorno de negocios a partir del cumplimiento de las normas que impone la Unión Europea, de altos estándares, así como también el comercio de servicios”. La entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre los países del Mercosur —Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay— y los 27 Estados miembros de la Unión Europea coincide con el Día del Trabajo. Consultado sobre el impacto en el empleo, Bartesaghi señaló que las proyecciones para Uruguay son positivas. “Las estimaciones indican que el crecimiento del producto puede ser, una vez plenamente implementado el acuerdo, de casi dos puntos. Hay crecimiento del empleo e incluso una proyección de baja de la pobreza. Los estudios son favorables para todos los países del Mercosur. Algunos ganan más, otros ganan menos. Estas proyecciones son difíciles de cumplir al 100%, porque dependen de cómo implemente el acuerdo cada país y de qué haga en términos de política pública para potenciar sus beneficios. Un comercio internacional más libre ofrece más oportunidades a las empresas y a los operadores de negocios, y eso tiene, sin lugar a dudas, repercusiones en la generación de empleo, algo muy positivo en países que aún están en proceso de desarrollo”. El acuerdo de asociación, negociado durante más de 25 años y concluido en enero, entra en vigor de forma provisional. Su implementación definitiva todavía depende de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determine su compatibilidad con la legislación vigente.

En el contexto de la guerra en Oriente Medio, la alta demanda y la escasez de cupos han disparado los precios de tránsito de los buques por el Canal de Panamá, los cuales son asignados mediante un sistema de subasta. En entrevista con RFI, Yumiko Casiano, supervisora de gestión de ingresos del Canal, descarta cualquier especulación. Durante el primer semestre del año fiscal 2026 se registraron 6.288 tránsitos por el Canal de Panamá, lo que representa un aumento del 3,7 % con respecto al mismo periodo del año anterior. "La capacidad diaria del Canal de Panamá oscila entre 34 y 36 tránsitos. Sin embargo, debido a la actual coyuntura, hemos tomado medidas para atender esta demanda creciente y ampliado la capacidad a entre 38 y 41 buques diarios. Eso es lo que estamos movilizando en este momento. También hay buques que arriban a aguas del Canal, pero que no tienen intención de transitar, sino que están ahí para realizar operaciones, ya sea de bunkering [suministro de combustible] o portuarias", explica Casiano. Los barcos que llegan al Canal sin haber reservado su tránsito participan en una subasta para poder cruzarlo. Esta se habilita entre siete y tres días antes de la fecha prevista y, por lo general, se ofrece un cupo por categoría de tamaño: uno para "Súper", uno para "Regular" y uno para "Neopanamax". La supervisora detalla cómo se determinan los precios. "Lo único que nosotros ponemos para la subasta es un precio base, establecido en 2024. A partir de ahí, el precio final lo determina el mercado, en función de la demanda. Las subastas que ofrecemos son de tipo 'puja y repuja': compiten varios participantes y van indicando, en múltiplos de miles, cuánto están dispuestos a pagar por un cupo de reserva". Las autoridades panameñas estudian además la posibilidad de aumentar la capacidad del Canal. "No solo se trata de recursos y remolcadores, sino también del agua. Actualmente estamos desarrollando el proyecto de Río Indio, que nos permitirá contar con suficiente agua para mantener los tránsitos y, al mismo tiempo, garantizar el suministro de agua potable para la ciudad de Panamá", señala Casiano. Voceros del Canal indican que, desde el inicio de la crisis en Oriente Medio por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se ha incrementado el tráfico de buques tanqueros, que transportan derivados del petróleo, así como el de buques portacontenedores y graneleros [buques de carga de granos].

La muerte de cinco jóvenes a manos del Ejército el sábado 25 de abril ha sacudido al Perú. Fueron abatidos en la región de mayor producción de droga del país y la Fiscalía de Derechos Humanos investiga si hubo uso excesivo de fuerza. Según las Fuerzas Armadas, los jóvenes transportaban estupefacientes y hubo un tiroteo durante el cual los soldados se defendieron. Los familiares aseguran, en cambio, que durante la investigación no se encontraron ni armas ni drogas. Entre lágrimas y lamentos, los familiares de las cinco personas acribilladas por militares en el distrito de Colcabamba, en Huancavelica, claman por justicia. Sostienen que los jóvenes regresaban de un partido de fútbol y rechazan las acusaciones de tráfico de drogas difundidas por las Fuerzas Armadas. "Hubo el enfrentamiento armado, abrieron fuego en contra del personal de nuestras fuerzas armadas. Llevaban droga. ¿Cuánto es lo que le pagaba la organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas?", afirmó en su momento un vocero del Ejército. Ante tanto desconsuelo, los familiares de las victimas siguen movilizando a sus comunidades para reclamar justicia. Desde un primer momento se ha sabido que no habían ni armas ni droga "Desde un primer momento se ha sabido que no habían ni armas ni droga. Eso es lo que ha quedado plasmado en el acta. Eso es lo que manda acá. En las actas de intervención, tanto de hallazgo como en la propia acta de intervención, ahí indican expresamente que no salió ni armas ni drogas. Ellos indican que recibieron un disparo, dos disparos, cosa que no es cierta porque nunca se han encontrado armas en el carro. No estamos ante una legítima defensa de ninguna manera si no se han encontrado armas. ¿De qué legítima defensa vamos a hablar?", explica a RFI Antony Crespo, abogado representante de los damnificados. Han querido involucrar a los que pertenecen a un partido comunista, extremista, como Sendero Luminoso. Luego, que eran una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas "Primero han querido involucrar a los que pertenecen a un partido comunista, extremista, como Sendero Luminoso. Luego, que eran una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, que eran un convoy que estaban transportando armas. Todo eso no son más que puros dichos, puras suspicacias por parte del ejército", prosigue el abogado. "Lo real y lo objetivo, lo concreto es que no se ha encontrado droga, que no se ha encontrado arma, que ninguno de los fallecidos tiene antecedentes. Son jóvenes que van entre los 18 y 24 años, son jóvenes los que han muerto, y no hay ni una sola excusa que al menos pueda sustentar esta ilegal intervención", concluye Crespo. Militares en libertad pese a que la investigación continúa Entretanto el Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias preliminares contra los ochos militares, que ya fueron liberados tras el vencimiento del plazo de flagrancia sin que se solicitasen medidas adicionales. Así lo explica el letrado Antony Crespo: "Por una negligencia y responsabilidad de la fiscal, se venció el plazo. Nosotros le hicimos llegar, por favor, solicitándole que emita una detención preliminar de hasta siete días, porque se cumplían con los presupuestos para solicitar una detención preliminar, y la Fiscalía no lo ha querido hacer. La falta de resultados preliminares en estas pruebas fue determinante para que no se establecieran responsabilidades individuales en el corto plazo. Pese a la liberación de los militares, la investigación sigue en curso.

Tras la reciente muerte de dos agentes de la CIA en México, el académico Edgardo Buscaglia, profesor de la Universidad de Columbia, señala que la falta de coordinación entre las instituciones mexicanas y el impacto de la corrupción han llevado a algunos funcionarios locales a confiar más en la protección del gobierno de Estados Unidos que en la de su propio gobierno. ¿Es posible que Claudia Sheinbaum no esté al tanto de los operativos antidrogas lanzados por autoridades locales, como sugiere el reciente caso de dos agentes de la CIA fallecidos en un accidente de tránsito en México cuando regresaban de un operativo anti-drogas en Chihuahua? El profesor Edgardo Buscaglia, investigador principal en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, no descarta que el gobierno mexicano pueda desconocer algunos de los operativos que Estados Unidos realiza en colaboración con fuerzas locales mexicanas en su territorio. Según el académico, en un “Estado fallido” como el de México, “las instituciones federales no saben lo que están haciendo las instituciones estatales, y éstas no saben lo que hacen las municipales, debido a la tremenda corrupción ‘pirañesca” [sistémica que ha capturado a políticos mexicanos”. Esta situación explica por qué la presidenta podría no estar enterada de que la gobernadora de Chihuahua colabora con autoridades estadounidenses. Buscaglia menciona que, en países en los que él ha trabajado, como Afganistán, Yemen o Pakistán, los funcionarios confiaban más en la protección de las autoridades norteamericanas que en la de sus propios gobiernos. García Luna, ejemplo emblemático de infiltración El especialista afirma que esto es lo que está ocurriendo en México. “Una gobernadora en México puede sentir que ella y su familia están más protegidas cooperando con Estados Unidos en la frontera que esperando protección del gobierno federal mexicano”. Buscaglia recuerda que el gobierno federal ha sido infiltrado por delincuencia organizada, señalando casos de senadores, diputados y ministros implicados. Un ejemplo relevante es el del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada. Sobre la muerte de los agentes de la CIA que regresaban de un operativo en Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su deseo de evitar un conflicto con Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿podrá la administración mexicana eludir la confrontación con el actual gobierno estadounidense? Buscaglia sostiene que “es muy difícil que no haya conflicto”. Según él, “Trump enfrenta elecciones intermedias en noviembre, donde podría perder las mayorías republicanas en el Congreso. El mandatario necesita presentar triunfos contundentes en un contexto de fracasos en su administración: mayor inflación, tensiones con Irán y la situación en Israel. Necesita demostrar a su base electoral que controla la frontera, mostrando ejemplos claros de que es un presidente fuerte, capaz de evitar el ingreso ilegal de fentanilo, drogas y migrantes. En este escenario, y ante un Trump desesperado por mostrar logros antes de noviembre, es probable que continúen los conflictos políticos con el gobierno mexicano”. Buscaglia incluso anticipa, como primicia, que “el gobierno estadounidense planea activar causas en contra de políticos de primer nivel en México”.

En Santa Marta, ciudad portuaria de la costa caribe colombiana, se inauguró el 24 de abril la primera conferencia internacional dedicada a la salida de los combustibles fósiles. Colombia es una de las naciones más ricas del mundo en recursos hídricos. El país produce más del 70 % de su electricidad gracias a sus represas hidroeléctricas- una realidad poco conocida, que sitúa a este país entre los campeones mundiales de la energía limpia... sin hacer mucho ruido al respecto. En un momento en que el mundo debate la salida de los combustibles fósiles, acudimos al encuentro de la energía hidráulica. RFI visitó una de las grandes represas de producción hidroeléctrica en el departamento de Antioquia para entender cómo funciona esta máquina de luz. Para llegar a esta represa, hay que atravesar túneles que fueron excavados en la montaña principal a más de 200 metros de profundidad. La represa Hidroituango es una obra colosal lanzada hace más de veinte años. Desde 2022, cuatro de sus generadores están en funcionamiento. Cuando se termine, será la represa más grande de Colombia, capaz de cubrir hasta el 30% de las necesidades energéticas del país, hacia finales de 2027 o principios de 2028. “Primero, tomamos el agua del embalse. Allí tenemos una tubería y la llevamos directamente al distribuidor de la máquina. Y esa agua debe ser evacuada nuevamente una vez utilizada. Tras haber sido turbinada, llega aquí, a este lugar que llamamos la almenara, que es el pozo final. Y luego continúa su recorrido hacia el río, explica Jorge Rodríguez, ingeniero electromecánico encargado de operaciones en la represa de Ituango. Además de la producción de energía hidroeléctrica, Empresas Públicas de Medellín (EPM) también tiene unas plantas de paneles solares. De hecho, el año pasado, por primera vez, Colombia produjo más electricidad a partir del sol que a partir del carbón, según la Unidad de Planeación Minero Energética, la UPME. Un avance histórico, pero que deberá amplificarse. Alberto Mejía Reyes dirige la producción de energía para EPM lo explica: “En Colombia tenemos una gran ventaja. Nuestra matriz de generación es aproximadamente un 80 % de fuente renovable, que es la hidroeléctrica. Pero recurrimos a la energía térmica durante los períodos de fenómenos climáticos difíciles como el del Niño. EPM hoy alcanza cerca del 30 % de la demanda del país con sus centros de generación. En este momento, según los análisis realizados por el operador del sector eléctrico, el déficit de energía firme que tendremos para los próximos años equivale aproximadamente a una planta térmica de 500 megawattos. Aunque los avances son sin precedentes, la urgencia es tal que parecen insuficientes. Más que nunca, se imponen decisiones políticas. La cumbre de Santa Marta es el nuevo desafío, para Colombia, y para el mundo.

Dentro de su informe destacan tres países que siguen estando bajo un monitoreo especial de la CIDH. Pese a no poder visitarlos por la actual situación: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Represión, detenciones arbitrarias o políticas migratorias restrictivas son algunos de los ejemplos. Radio Francia Internacional conversa con Stuardo Ralón, Presidente de la CIDH. 2025 fue año récord de denuncias por violaciones de derechos humanos en el continente americano. 3357, un 16% más que el año anterior, como refleja el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Represión, detenciones arbitrarias o políticas migratorias restrictivas son algunos de los ejemplos, aunque el principal desafío es la violencia, como explica Radio Francia Internacional Stuardo Ralón, Presidente de la CIDH. "Podría decirle que el principal desafío es como la institucionalidad democrática puede enfrentar esos fenómenos de violencia y de crimen organizado que muchas veces termina distorsionando funcionamiento normal de las instituciones o las sobrepasa. Esa es una situación que nos está preocupando y, sin duda, hay otro tipo de situaciones como los temas de la independencia judicial y las garantías procesales" ha afirmado Ralón en RFI. Dentro de su informe destacan tres países que siguen estando bajo un monitoreo especial de la CIDH. Pese a no poder visitarlos por la actual situación: Venezuela, Cuba y Nicaragua. En los 3 países, la CIDH constató la intención clara en 2025 de perennización del régimen, con los ejemplos de Nicolás Maduro asumiendo un nuevo mandato tras las dudosas elecciones o el dúo presidencial nicaragüense Ortega-Murillo concentrando poderes. "El elemento común que tienen Cuba, Nicaragua y Venezuela es que son regímenes donde no hay libertad, donde no hay democracia, no hay alternancia en el poder, pero sobre todo hay mucha represión, un uso de la fuerza en contra de cualquier voz disidente" dice Rallón en RFI, afirmando que lo que ellos identifican es "inherente a los propios regímenes, ya que tanto en Cuba, en Nicaragua o Venezuela ya podemos hablar de décadas, es decir, no es un hecho coyuntural, no es lo que ha pasado los últimos meses o el último año, sino en el momento que de forma fáctica" zanja Ralón para RFI. En Nicaragua, se profundizó el régimen autoritario mediante detenciones arbitrarias, destierros, privación de nacionalidad y cierre de organizaciones civiles, lo que mantiene al país como uno de los más críticos en violaciones de derechos humanos, según la CIDH. Respecto de Venezuela, el informe señala la consolidación de un régimen dictatorial desde el proceso electoral de 2024, con detenciones masivas, persecución política y quiebre absoluto del Estado de derecho, agravando una crisis humanitaria y migratoria de enormes dimensiones e impacto regional. La Comisión Interamericana celebró tres periodos de sesiones y organizó 70 audiencias públicas, canales que permitieron visibilizar situaciones nacionales y regionales, dar voz a víctimas y organizaciones sociales, y atender casos y temas prioritarios según ha dicho el organismo. La CIDH también remitió 33 casos a la Corte Interamericana, participó en 52 audiencias y presentó 200 escritos ante ese tribunal. En el ámbito de soluciones amistosas, el mecanismo registró 25 nuevos acuerdos, la homologación de otros 13 y el cumplimiento total en 11 acuerdos durante 2025. En términos de protección a personas en situación de riesgo, se analizaron más del 80 % de las 1,969 solicitudes de medidas cautelares, otorgándose o ampliándose 73 medidas que beneficiaron a miles en el continente.

En Santa Marta, ciudad portuaria de la costa caribe colombiana, se inauguró el 24 de abril Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. En el marco de esta reunión en la que participan representantes de varios gobiernos y pueblos indígenas, RFI viajó a la ciudad de Maicao en donde están emergiendo granjas solares. Najet Benrabaa, enviada especial a Maicao, Colombia. La Guajira es la paradoja colombiana por excelencia: el departamento más soleado del país, uno de los más pobres, y uno de los peor abastecidos de electricidad. Durante décadas, las comunidades wayuu vivieron en la oscuridad a pocos kilómetros de un sol implacable — 300 días de insolación al año, un recurso colosal que se evaporaba sin ser aprovechado. Eso está cambiando. En Maicao, en la frontera venezolana, varias granjas solares fueron instaladas. Y en las rancherías aisladas alrededor de Riohacha, paneles solares comienzan a aparecer sobre los techos de paja de las casas wayuu — llevando por primera vez la luz eléctrica a familias que cocinaban a la luz de las velas. Oleimys Barbosa es responsable de la granja de paneles solares de la ciudad de Maicao, en el barrio Parrantial. Una granja solar que cuenta con 1.792 paneles instalados. Produce una potencia de 1.000 vatios, 1.000 megavatios, para beneficiar a 500 familias de los estratos 1 y 2. “Lo último que falta es conectar directamente a la red eléctrica de la ciudad”, explica Barbosa. Instalada por la organización Fecode con el apoyo del gobierno colombiano, esta granja solar hace parte de un programa social de acceso a la energía para las poblaciones vulnerables de Maicao. Luz Molina será una de sus beneficiarias: “Mi comunidad vive en el barrio Nueva Esperanza, compuesta por familias bastante vulnerables, y por los altos costos de la energía, en mi casa, por lo general, recibo una factura de 200.000 pesos (aproximadamente 48 euros) o más. Entonces con esta granja solar vamos a reducir un 30 % de nuestro consumo”, explica. Luz trabaja en una pequeña casa hecha de acero, como una tienda transportable. Está ubicada frente a la alcaldía, que es el centro administrativo de Maicao, lo que le permite trabajar allí todos los días ofreciendo impresiones de documentos, conexiones a internet y otros servicios. Es lo que se conoce como un punto de venta informal. Pero otras comunidades ya tienen acceso a esta energía solar. Es el caso de la comunidad Yutao del pueblo indígena Wayuu, cerca de Maicao. Viven principalmente en rancherías — casas construidas en pleno desierto, hechas frecuentemente de barro y madera. Mimi Barrios es lideresa de la comunidad: “el beneficio aquí fue algo maravilloso, porque los niños pueden estudiar, pueden hacer sus tareas en el computador. Aquí, en la comunidad, las artesanas pueden hacer las hamacas hasta tarde en la noche”. Un nuevo gran proyecto de granja solar fue firmado a pocos kilómetros de Maicao: el proyecto Chivo Mono.

Un tribunal salvadoreño inició un juicio colectivo contra 486 presuntos pandilleros, el primer macro juicio bajo la ofensiva de Nayib Bukele contra las pandillas, que tiene una particularidad: no se juzga a los detenidos por sus cargos individuales, sino que se les responsabiliza de manera colectiva, al considerarlos miembros de una empresa criminal donde todos tienen responsabilidad. Esta semana, la justicia de El Salvador dio comienzo a su primer macro juicio contra pandilleros. En total, serán procesados 486 integrantes de la Mara Salvatrucha por 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos, 29,000 homicidios, pero hay cargos de extorsión, narcotráfico o tráfico de armas. Entre los procesados hay altos cargos y cargos intermedios, pero se juzgará a los pandilleros como miembros de una entidad criminal, sin tratar sus expedientes por separado, sino responsabilizándolos de manera colectiva. Esta colectivización es posible gracias a una reciente reforma judicial, que pretende acelerar los plazos judiciales. “Si se hace caso por caso estaríamos de años en juicios. Son las mismas personas las que tomaban las decisiones, las que daban las órdenes, incluso las que ejecutaban también en casi todos los casos los asesinatos y secuestros. Ellas participaban”, explica a RFI Óscar Martínez Peñate, politólogo y doctor en Ciencias Sociales. “De esta manera se logra realmente abreviar en tiempo y ser más efectivos en cuanto a la aplicación de la justicia. Las decisiones realmente no eran individuales, sino que eran colectivas”, asegura. Sin embargo, este modelo para ahorrar tiempo, despierta recelos en organizaciones, como Socorro Jurídico Humanitario, que brinda apoyo legal a detenidos durante el estado de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele, siempre y cuando no presenten vínculos previos con las pandillas. Antonio Palacios es uno de sus fundadores, y explica que al no revisar los casos individualmente, se puede condenar a personas que considera inocentes, como los llamados colaborades forzosos, obligados por la fuerza a ayudar a pandilleros. “A muchas personas se les va a procesar por delitos que cometieron otras personas bajo la acusación de ser colaboradores de pandillas”, dice Palacios. “La figura del colaborador tiene dos caras: está el colaborador voluntario y el colaborador forzado. Actualmente, cualquier persona que es capturada bajo el régimen de excepción se le etiqueta como colaborador de la pandilla. Si a un taxista lo coerce un pandillero para llevarlo a algún sitio y lo amenaza de muerte, lo convierte en un colaborador ante el sistema de justicia penal de nuestro país“. Se estima que durante el estado de excepción se han detenido a más de 100.000 personas por estar vinculadas de una manera u otra con las pandillas.

Naciones Unidas comienza la carrera para elegir quién sucederá al portugués Antonio Guterres. Cuatro candidatos, una chilena, un argentino, una costarricense y un senegalés, comienzan el proceso que definirá a su próximo secretario o su primera secretaria general en la historia del organismo.... ¿Podría el liderazgo femenino ser el volantazo que la ONU necesita en tiempos de crisis? Es en Nueva York donde esta semana se llevarán a cabo las primeras audiciones públicas con los cuatro candidatos que aspiran al máximo cargo diplomático del planeta. Los cuatro candidatos son la expresidenta chilena y ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, y el senegalés Macky Sall, ex presidente y primer ministro del país. Estas audiencias públicas son una etapa preliminar del proceso para designar al líder de la organización. Se someterán durante tres horas cada uno a preguntas de los 193 Estados miembro y de representantes de la sociedad civil. Es la segunda vez en sus ocho décadas de existencia que la ONU organiza una sesión de este tipo, creada en 2016 para mayor transparencia. En sus 80 años, nunca ha habido una mujer al frente del organismo. Si Bachelet o Grynspan se imponen, una latinoamericana sería la primera secretaria general en la historia de la ONU. Hace 10 años, cuando fue elegido Antonio Guterres, seis hombres y siete mujeres pelearon por el cargo, entre ellas, otra latinoamericana, Susana Malcorra, excanciller argentina, ex jefa del gabinete de Ban Ki Moon y cofundadora de GWL Voices. "En 2016 había siete candidatas mujeres y seis candidatos hombres. Cuando uno analiza las candidatas que éramos, uno puede encontrar representados allí todos los perfiles a los cuales se pueden aspirar. Desde desde ex primeras ministras, como fue el caso de Helen Clark, a este ministras y ex ministras. Entre el grupo había muchas, había muchas de nosotras que aparte también teníamos una experiencia amplia en el sistema. Había algunas de nosotras que tenía experiencia en el sector privado que le agregaba otra perspectiva", dice Malcorra a RFI. "Entonces, si uno quería filtrar por un cierto criterio las candidaturas, yo diría que siempre había una candidata como mínimo que cuadraba con ese criterio y ninguna de nosotras estuvo a la altura. Entonces a mí me cuesta mucho creer, viendo la fortaleza del grupo de mujeres que nos presentamos, que no hubiera una sola mujer que pudiera este cubrir los requisitos. Yo estoy convencida de que cuando se toman las decisiones a puerta cerrada, las cuestiones de los sesgos tienen su importancia. Y creo que eso fue lo que pasó", señala Malcorra. Malcorra analiza que, con el multilateralismo en crisis, la ONU atraviesa un momento bajo y el liderazgo femenino podría ser el volantazo que se necesita para revivir el espíritu del organismo. "Estamos conformes que haya dos latinoaméricanas que sean candidatas y por supuesto nos gustaría ver que haya aún más. Este es un momento que pide una renovación profunda de las Naciones Unidas, que reclama un restablecimiento de la confianza en las Naciones Unidas, una energía nueva en las Naciones Unidas y a mí se me ocurren pocas cosas tan impactantes como que de repente que sea una mujer quien lidere". "Sólo pensar cuánto interés va a provocar en la prensa, cuánto interés va a provocar en la gente común, cuánto va a significar para los jóvenes y, sobre todo, las jóvenes como símbolo de que es posible. Yo creo que las mujeres traemos una perspectiva distinta en la conducción de las organizaciones, en la resolución de los problemas, a la hora de tender puentes y encontrar ángulos distintos Me parece que eso es fundamental, sobre todo en el momento en el que está el mundo y el sistema mismo. Por eso creo que es tan importante que una mujer sea...

El gobierno chileno busca restablecer relaciones con Venezuela como un paso necesario para concretar las expulsiones de inmigrantes venezolanos en situación irregular, una promesa de campaña del presidente ultraderechista José Antonio Kast. Una decisión que mezcla "realismo" y "pragmatismo", según Gilberto Aranda, profesor de la Universidad de Chile. Kast había prometido durante la campaña mano dura contra los migrantes irregulares, la mayoría de ellos venezolanos. Tras asumir el poder, los invitó a abandonar el país. Un mes después, su gobierno tiende la mano a Caracas para que ambas capitales se hagan cargo conjuntamente de la situación. Las relaciones consulares y diplomáticas entre ambos países fueron rotas por Venezuela en 2024, luego de que la administración del presidente de izquierda Gabriel Boric denunciara fraude en las últimas elecciones en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor. ¿Por qué este intento por restablecer relaciones con Caracas? "Se trata de una dosis de realismo, habida cuenta de que en campaña se aludió reiteradamente a la necesidad de un corte definitivo con Venezuela. Sin embargo, la única forma de ejercer cierto control sobre las personas que ingresan al país es mediante una colaboración, al menos consular, con Venezuela", analiza Gilberto Aranda, doctor en Estudios Latinoamericanos y profesor de la Universidad de Chile. Se estima que más de 300.000 migrantes se encuentran en situación irregular en Chile; unos 75.000 tienen órdenes de deportación pendientes, la mitad de ellas correspondientes a ciudadanos venezolanos. Sin embargo, la falta de relaciones bilaterales es uno de los factores que dificulta el retorno prometido por Kast. El gobierno chileno no puede, como sí hizo con Colombia la semana pasada, embarcar personas en un avión si no existe un país que las reciba. "Este proceso está sujeto a la legislación vigente en Chile. La migración irregular es una falta, no un delito. Existe un proyecto de ley que propone transformarla en delito y, de concretarse, podría implicar una gestión diferente, por ejemplo, más expedita. Por ahora, es necesario saber quiénes son y dónde están", añade Aranda. Y si Venezuela se niega a colaborar, ¿qué alternativas tendría Chile? Para el especialista, es necesario considerar "lo ocurrido el año pasado entre Chile y Venezuela, con todos los elementos arrastrados desde 2024”. Advierte que existe un riesgo "al escalar el reclamo en todos los niveles", ya que se podrían "romper los puentes con Venezuela". "El gobierno de ese país podría simplemente negarse. Probablemente, una intermediación de Estados Unidos podría allanar el camino hacia gestos que permitan restablecer relaciones consulares. Estados Unidos, como sabemos, tiene una enorme capacidad de influencia en la actual administración venezolana", concluye Aranda, quien subraya que el pragmatismo del gobierno chileno confirma que una cosa es la campaña y otra la realidad jurídica de gobernar.

Se darán a conocer este lunes en Guatemala los seis candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General, hoy en manos de Consuelo Porras. Su eventual reelección genera una fuerte controversia: el presidente Arévalo rechaza su candidatura, mientras que Estados Unidos y la UE la han sancionado por presunta corrupción. "La OEA podría desempeñar un rol clave si el proceso se entrampara", dice Ana María Méndez Dardón, encargada para América Latina del centro de estudios WOLA (Washington). La inclusión de Consuelo Porras entre las mejor calificadas reaviva el pulso entre el Gobierno de Bernardo Arévalo, las redes de poder y la comunidad internacional. El comité de postulación le otorgó una de las calificaciones más altas del proceso —92,33 sobre 100—, lo que ha despertado interrogantes sobre la independencia y transparencia del mecanismo de selección. La analista Ana María Méndez Dardón, responsable para América Latina de la organización Washington Office on Latin America, ofrece una lectura crítica de esta aparente contradicción: "Las redes del crimen organizado, las redes de corrupción, de narcotráfico, han penetrado varias esferas del Estado. Pese a que Bernardo Arévalo llegó al poder y ha querido hacer una depuración del sistema, estas redes, que son muy sofisticadas, encuentran la forma de intervenir en procesos como éste, especialmente en la Comisión de Postulación. Esta comisión está integrada en su mayoría por personajes que son cuestionados. En teoría son académicos, pero son académicos que responden a los intereses de estas redes corruptas, de las cuales Consuelo Porras forma parte". El historial reciente añade tensión al proceso. Durante las elecciones de 2023, Porras intentó frenar la llegada al poder de Arévalo, sin éxito. Ahora, la decisión final recae precisamente en el mandatario, quien ya ha adelantado que no contempla su continuidad en el cargo. Sin embargo, el escenario está lejos de ser claro. No se descarta que la actual fiscal general impugne el proceso, lo que podría abrir una nueva fase de incertidumbre institucional. "El proceso en sí ya está impugnado legalmente. Varios candidatos lo han impugnado porque no se les ha hecho la evaluación correspondiente. Entonces, el escenario que podría darse en Guatemala hoy día es que no se pueda cumplir el plazo y que se genere una incertidumbre en torno a lo que podría pasar. Probablemente la Fiscal General saliente estaría buscando permanecer en el cargo. Y estas redes lo que estarían buscando es bloquear la facultad legal que tiene el presidente Arévalo de nombrar al nuevo Fiscal General de su país", subraya Méndez. Si el proceso se entrampa... En este contexto, el papel de la Organización de los Estados Americanos podría resultar determinante, tal como ocurrió durante la crisis política de 2023. "Si se concretara el escenario que yo mencionaba, es decir, que el proceso se entrampe, se requeriría que el Consejo Permanente de la OEA, como un órgano político de ese organismo, actúe como lo hizo en el 2023, cuando estas mismas redes estaban buscando bloquear la transición del poder del presidente Bernardo Arévalo. Esta ruta internacional va a ser crucial e importante ante estos escenarios que son muy probables dado el contexto actual", concluye la investigadora. Según la legislación vigente, el presidente Arévalo tiene hasta el 17 de mayo para nombrar al nuevo Fiscal General, en un proceso que se perfila como una prueba clave para la institucionalidad democrática del país.

El llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a evaluar los pros y contras del fracking ha reactivado el debate en México. Mientras el gobierno defiende esta técnica para reducir la dependencia energética de Estados Unidos, expertos y ambientalistas advierten de sus riesgos. El geólogo Luca Ferrari, investigador de la UNAM, analiza las implicaciones económicas, ambientales y políticas de esta decisión. Entre 2012 y 2015, la empresa estatal Pemex intentó extraer gas natural mediante fracking, un método que consiste en fracturar la tierra utilizando enormes cantidades de agua mezcladas con sustancias altamente tóxicas. El resultado, sin embargo, no fue el esperado, sobre todo en el ámbito económico, dice el geólogo Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM. "Fue bastante desastroso desde el punto de vista económico. El costo no valía lo que se estaba extrayendo. Las poblaciones ahí están completamente en contra [del fracking] porque evidentemente han visto en carne propia lo que significa", dice Ferrari. A pesar de esa experiencia, el gobierno mexicano estima que el fracking es necesario para reducir su dependencia de Estados Unidos, país al que le compra el 75% del gas natural que consume. No obstante, para Luca Ferrari, el argumento de la soberanía es un árbol que oculta otro problema: México no tiene las tecnologías para extraer esa energía fósil. ¿Decisión para defender la soberanía? "Si la extracción se hace en la zona noreste de México, solo las compañías de Texas lo podrán hacer. Como allá ya está empezando a llegar al máximo la extracción, puede ser que esas compañías estadounidenses consideren más atractivo venir a México. En este sentido, no creo que sea una decisión muy soberana por parte del gobierno mexicano. Incluso creo que puede haber una presión por parte de Estados Unidos dentro de la negociación del T-MEC para que México abra el fracking y permita a las empresas americanas operar en el país. A Estados Unidos le conviene más exportar gas a Europa como gas licuado. En Europa, sobre todo ahora con la guerra, pero también antes con el sabotaje del Nord Stream, el gasoducto que venía de Rusia, se han visto obligados a comprar gas estadounidense, que es muchísimo más caro: hasta cinco veces más que lo que se vende aquí". La búsqueda de soberanía energética por parte de México, añade el investigador, requiere una reflexión profunda sobre el modelo económico del país. "Si queremos importar menos energía, tenemos que rediscutir para qué usamos la energía. En la actualidad, México utiliza una gran cantidad de electricidad y gas en el sector industrial. Importamos energía de Estados Unidos para producir bienes aquí, porque la mano de obra es más barata y la legislación ambiental no es tan estricta como, por ejemplo, en California. Luego exportamos esos productos a Estados Unidos. Este modelo no puede funcionar, no es sostenible".

Buenos noticias para el medioambiente y para Uruguay: la UNESCO reconoció este miércoles el sitio Manantiales Serranos como Geoparque Mundial. Con este nombramiento queda protegida una importante fuente de agua de Uruguay, país azotado frecuentemente por sequías. Uruguay cuenta con dos geoparques reconocidos por la UNESCO, el primero fue Grutas del Palacio y ahora Manantiales Serranos. Aurora Fernández es la directora de Ambiente de la Intendencia del Departamento de Lavalleja, donde se encuentra este paraíso de 2.000 kilómetros cuadrados, clave para el abastecimiento de agua y para la memoria del planeta. “En realidad, Manantiales Serranos tiene este nombre porque aquí se encuentran las nacientes de dos grandes cuencas: la cuenca del río Santa Lucía, que es uno de los ríos más importantes que tenemos y que alimenta de agua potable a más del 60% de la población del Uruguay, y también la cuenca de la laguna Merín”, explica. Sequías repetidas “Y además también es una referencia geológica a la formación del Océano Atlántico. En algunos de los geositios, se marca la separación de Pangea y el nacimiento del Océano Atlántico. Entonces venimos con una historia de reconocimiento del agua en todas sus formas en este territorio”, añade. Viviana Pricho, directora de Turismo de la Intendencia de Lavalleja, señala que “es un llamado justamente a eso, a la geoconservación, y esta crisis hídrica que cada vez se repite más seguido y que está golpeando en este caso particular a Uruguay”. En 2023, el 60% de la población de Uruguay sufrió las consecuencias de la sequía, pero sobre todo los habitantes de la capital Montevideo, forzados a consumir el agua dulce mezclada con sal que venía del Río de la Plata. Un llamado a Argentina Aurora Fernández espera precisamente que ese reconocimiento de la UNESCO tenga efectos del otro lado del río, que anime a sus vecinos argentinos a luchar contra el escepticismo de Javier Milei, quien niega el cambio climático y quien busca con su polémica Ley de Glaciares que las mineras usen el agua de las cuencas congeladas. “Nos pone en el compromiso, en nuestra América del Sur, en ser ejemplo de trabajo, en la conservación y en la valorización del agua como un recurso vital para la vida. Y ojalá seamos un buen ejemplo para que nuestros hermanos argentinos cambien un poco este rumbo de escepticismo con respecto al cambio climático y se den cuenta de que la ciencia nos llama a trabajar fuertemente. El geoparque tiene este elemento, de ayudarnos a promover la investigación científica como parte de las tareas de geoconservación”, analiza. Con el reconocimiento de la UNESCO, Manantiales Serranos busca traer un turismo interesado en la historia de la formación del planeta y su conservación.

Tras la captura de Maduro en una operación de Estados Unidos el 3 de enero, la administración Trump ha ido normalizando relaciones con Caracas y fomentando inversiones en el sector de hidrocarburos. ¿Qué tan rápido se verán los efectos en la economía venezolana? El análisis de los economistas Giorgio Cunto y Francisco Rodríguez. Con la nueva Licencia 57 de la Oficina Estadounidense de Control de Bienes Extranjeros se autoriza de ahora en adelante las transacciones y servicios financieros no solo con el Banco Central de Venezuela, sino también con otras tres entidades del sistema bancario de ese país. La administración de Donald Trump emitió esa licencia después de que Chevron firmara nuevos acuerdos con el gobierno de Delcy Rodríguez para ampliar su participación en la producción de petróleo. Esta medida no sorprende a Giorgio Cunto, economista y profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. "Se esperaba este tipo de medidas, especialmente porque antes había una limitante del Banco Central al flujo de divisas. Al permitir los contratos y la realización de mayores operaciones, se pone en marcha el acople, la reinserción de Venezuela en el mercado financiero internacional, el cual estaba por debajo del alcance del sistema financiero estadounidense, pues no podía interactuar con Venezuela directamente". El levantamiento de esta sanción constituye una etapa clave para la economía venezolana, agrega por su lado Francisco Rodríguez, del Centro para la Investigación Económica en Washington. "Las exportaciones petroleras de Venezuela pasan por el Banco Central antes de entrar a la economía. La economía venezolana funciona exportando petróleo y recibiendo dólares por ellas. Eso es algo muy difícil de hacer cuando el Banco Central está sancionado, entre otras cosas, porque el Banco Central no tiene acceso a las cuentas para recibir ni para desembolsar esas divisas. El proceso tiene que ver con la capacidad del estado de la economía venezolana para captar el dinero que se genera por venta de petróleo". La pregunta ahora es qué tan inmediatos pueden ser los efectos en la inflación. La respuesta de Francisco Rodríguez. "La inflación está determinada por un déficit fiscal muy alto y por la decisión del gobierno de imprimir dinero para cubrirlo. Pero el déficit fiscal tiene que ver también con los ingresos petroleros y con la capacidad de tener acceso a esos ingresos petroleros. Además, la inflación sí se puede atender en el corto plazo, en particular a través de una política de lo que se llama ‘anclaje cambiario’, que consiste en estabilizar las variaciones en el tipo de cambio. Pero para eso también se necesita acceso a divisas, acceso a dólares. El Banco Central cumple un rol fundamental en los dos frentes para estabilizar la inflación". Las sanciones contra el Banco Central de Venezuela remontan a 2019 durante la primera administración de Trump.

En la primera vuelta de las elecciones en Perú, varias mesas de votación tuvieron que postergar su apertura por falta de material electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales responsabilizó directamente a la empresa Servicios Generales Galaga, encargada de la distribución y logística. En su página web se presentan como una empresa que prioriza la puntualidad. Nos referimos a Galaga SAC, la compañía que retrasó material electoral y acumula más de 36 millones de dólares en contratos con el Estado peruano. Mayor desconfianza en las instituciones “Hasta ayer casi nadie conocía la empresa Galaga. Ahora, todos la conocen porque ha sido responsable de un tremendo escándalo que ha malogrado esta elección, la ha ensuciado. No en el fondo porque los votos involucrados con las demoras no llegan a ser tan grandes, pero sí deja una sensación muy mala y en un contexto de poca confianza en las instituciones. Simplemente degrada más la percepción de confianza de la ciudadanía sobre las autoridades electorales”, explica a RFI el analista peruano Augusto Álvarez Rodrich. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) responsabilizó del retraso electoral directamente a Servicios Generales Galaga, que niega las acusaciones. Pero lo más rocambolesco de todo esto es que la ONPE volvió a adjudicar a esta firma un contrato para transporte de material electoral tras haberla penalizado en tres ocasiones por incumplimientos en servicios similares. “No hay una explicación muy racional para eso. Si ya había actuado mal, ¿para qué la vuelven a contratar? Es algo que las investigaciones que están desarrollando en ese momento van a dilucidar”, comenta Rodrich. Tentación de “impugnar los resultados” Es cierto que el retraso de estos votos no será determinante para el cómputo general del escrutinio, pero podría ser utilizado por cualquier candidato o partido político como denuncia ante un posible fraude electoral. Marcela Ríos, la directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), analiza para RFI que “ciertamente acá va a haber una tentación de judicializar el proceso y de impugnar los resultados. Ya era un riesgo latente en un contexto tan fragmentado y tan polarizado, y el riesgo de esa judicialización solo ha aumentado con los errores en el procedimiento”. “Y creo que es muy importante que todas las instituciones peruanas puedan hacer una investigación exhaustiva de cuáles han sido los problemas. Pero también sobre todo aprender y subsanar los problemas, porque se viene una segunda vuelta presidencial sí o sí, y es imprescindible que los problemas que ocurrieron en este proceso sean totalmente subsanados para la segunda vuelta, para que la ciudadanía peruana pueda confiar y acudir a votar tranquilamente”, añade. Mientras el gerente general de Galaga guarda silencio, ayer la Policía Nacional detuvo al gerente de la gestión electoral de la ONPE por el presunto delito de omisión y demora de actos funcionales. Según indicó la institución, esta acción se realizó en estricto cumplimiento de la ley como parte de la lucha contra la corrupción.

Venezuela está bajo tutela de Estados Unidos, pero el chavismo sigue presente y activo. Este viernes fue la juramentación de un fiscal general abiertamente afín al chavismo, y en la misma jornada fue aprobada una ley minera que abre el sector a capitales privados, un giro contrario al chavismo. Cuando se cumplen este lunes 100 días de la captura de Nicolás Maduro, hablamos de la situación en el país con Renata Segura, responsable de América Latina en el International Crisis Group. RFI: ¿Cómo describir el régimen que encabeza hoy la presidenta Delcy Rodríguez? Renata Segura: Los escenarios peores hacia futuro han sido evitados, pero lo que no hemos visto todavía es una materialización de los beneficios de la intervención para los venezolanos. Uno de los grandes riesgos que había era que se intentara hacer un cambio de régimen total por vía de la fuerza y que eso generara mucha violencia, incluso una guerra civil en Venezuela. Porque no hubo un cambio de régimen, digamos, ese riesgo se perdió. Y sí hemos visto de alguna manera una especie de apertura para la sociedad civil y para la oposición en Venezuela. Yo creo que no podemos decir que ha habido un cambio significativo. No creo que estamos viendo una transición hacia la democracia, pero creo que lo que muchos venezolanos están sintiendo es algo de optimismo sobre la posibilidad de que eso se dé. RFI: ¿Tienen algo que ver en este optimismo las liberaciones de presos políticos? Si bien permanecen en las cárceles venezolanas unos 500, casi 650 han sido liberados. Renata Segura: Sin duda alguna, la liberación de los presos políticos y el cierre de ciertas prisiones donde tradicionalmente había habido muchas torturas y violaciones de derechos humanos, como el Helicoide, es quizás, digamos, la muestra más importante de cambio en términos de represión, y no quiero quitarle para nada la importancia a eso. Lo que no ha cambiado, sin embargo, es el sistema represivo en sí mismo: sigue activo, digamos. No están reprimiendo a la gente de la manera como la estábamos viendo antes, pero sigue allí y pudiera activarse si fuera necesario. Entonces, en ese sentido, podemos ver algo positivo en que hay una modificación, digamos, de la posición política del gobierno, pero institucionalmente existe el régimen todavía de represión y podría usarse, si lo deseara el Gobierno.